Tumaco: “Así como va, el hospital va a desaparecer del mapa”

PACÍFICO PLURAL

ESPECIAL EL DERECHO A LA SALUD EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

El Hospital San Andrés de Tumaco, con un déficit de 16.000 millones de pesos, se enfrenta a un último intento por salvarse, mientras pacientes y personal sanitario sufren las consecuencias de los impagos y falta de insumos.

LA ZOTEA // Pasillos vacíos, desolación, falta de mantenimiento de las instalaciones, poco personal médico, ese es el panorama más visible al ingresar al Hospital San Andrés de Tumaco. Lo que se esconde detrás son retrasos en el pago de los salarios, falta de seguridad para el personal sanitario que pide el traslado a otros centros, falta de especialistas, facturas impagadas y una gestión totalmente cuestionada. Quienes lo sufren son los pacientes y sus familiares, en el hospital muchos duermen en los pasillos, y el propio personal que se siente impotente. Las autoridades del departamento advierten que este es el último intento por salvar el hospital, todo dependerá del Ministerio de Hacienda.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, hizo públicos algunos datos de la situación financiera del centro. El déficit del Hospital San Andrés de Tumaco (HST) asciende a 16.000 millones de pesos a pesar del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) implementado en 2014, lo que, a su juicio, demuestra que se incumplió el programa. “Se supone que ese programa debía mejorar el hospital, pero no se mejoró se empeoro. Hemos recibido un hospital moribundo, he intentaremos reanimarlo”, indicó en una rueda de prensa el pasado 10 de junio después de la protesta pacífica del personal. En esta comparecencia anunció que la Gobernación de Nariño solicitará al Ministerio de Hacienda un ajuste al PSFF.

El gobernador insistió en que este es el último esfuerzo por salvar al Hospital San Andrés y que depende de la respuesta del Ministerio de Hacienda. Si éste aprueba el reajuste al programa, se realizarán mesas de trabajo con las EPS para consolidar la facturación y buscar acuerdos de pago y se hará un acompañamiento permanente desde la Gobernación y un seguimiento mensual. En caso de que ese ajuste no sea aprobado, se deberán revisar otras opciones como anexar el Hospital San Andrés al Hospital Departamental de Nariño o al Militar. Eso significa, entre otras cosas, que pasaría a depender totalmente de la Gobernación de Nariño.

Sobre los recursos destinados para la sanación, unos 4.700 millones de pesos que se encuentran en poder del Instituto Departamental de Nariño (IDSN), el Gobernador explicó que no fueron girados en su momento por inconsistencias en la facturación presentada. Además, después de presentado el programa de saneamiento, aparecieron otros 776 millones de pesos más de cuentas por pagar.

Luis Antonio Martínez, quien ha trabajado como prestador de servicios de forma intermitente en los últimos 12 años y fue asesor del Comité de Control Interno en el periodo 2013-2014, es el actual aspirante al cargo de Gerente en propiedad del hospital. Martínez señaló que cuando se anunció el PSFF muchos proveedores presentaron facturas que no contaban con los debidos soportes, como actas de recibido de los insumos o los documentos legales de la empresa proveedora, y por ese motivo el Instituto retuvo los pagos. Otra cosa en la que coinciden Martínez y Romero es que la información financiera del hospital es deficiente, no se conocen los estados financieros reales. Sin embargo, el Gobernador presentó un balance basado en el informe entregado por la actual Gerente encargada, quien ocupa el cargo desde el primero de abril. Este informe refleja que se facturaron 19.000 millones y se recaudaron 10.000 millones.

“Las cosas en el hospital se han dado así porque para muchos es conveniente que no se tenga clara la información, así pueden seguir aprovechándose. En río revuelto hay ganancia de pescadores”

Martínez asegura que se trata de información parcial, como la del déficit, debido a que no se cuenta con información financiera organizada y confiable, avalada por el contador y el subgerente financiero. Según él, esa información no se podría tener clara hasta no conocer el estado real de las finanzas. “Las cosas en el hospital se han dado así porque para muchos es conveniente que no se tenga clara la información, así pueden seguir aprovechándose. En río revuelto hay ganancia de pescadores”. Sus acusaciones van más allá y Martínez asegura que hay ventas “alternas” de medicamentos e insumos, “negocios de funcionarios”. Es decir, señala, si un paciente necesita algo se le comunica que no hay “sea verdad o sea mentira y le venden de su propia farmacia”, todos ese dinero no entra al hospital. Lo mismo pasa con el servicio de ambulancia, continúa Martínez. Se contrata externos sosteniendo que las ambulancias propias tienen problemas mecánicos, esos externos dan bonificación al empleado que despacha la ambulancia. Y lo mismo con la comida “si el viernes entran 4 toneladas de pollo el lunes ya no hay. Existen 11 vigilantes, pero no hay control. Eso es tierra de nadie”.

FALTA DE PERSONAL E IMPAGOS Mientras se definen los asuntos financieros y administrativos los usuarios viven las consecuencias de un hospital que no presta todos los servicios de salud que requiere la población y los que presta cada vez son más deficientes y en condiciones no adecuadas. El Hospital San Andrés de Tumaco fue inaugurado con la promesa de ser un hospital de segundo nivel con tecnología de punta, para atender a los usuarios de 10 municipios de la costa y el piedemonte costero de Nariño. Sin embargo, lo que hoy se puede ver en el hospital está lejos de esa visión, carece de condiciones básicas para la prestación de un servicio de salud con calidad, como agua permanente. Solo hay disponibilidad de agua de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Estamos al límite, no renuncio porque me gusta mi trabajo, lo hago por vocación”

Personal de la Estación de enfermería en urgencias indica que no hay con qué realizar tomografías, no hay traumatólogo desde antes de diciembre de 2015, sólo hay 2 internistas hasta la 1:00 de la tarde y un cirujano, ni siquiera se cuenta con un humidificado que vale 10.00 pesos para instalar oxígeno a un paciente. En la Estación de Enfermería de Hospitalización, la Enfermera Jefe, Doris Baquero, cuenta que desde el mayo se ha sentido más la crisis. Confirma que a los empleados de nómina se le adeudan 3 meses y a los de prestación de servicios (OPS) ya casi 8. “Estamos al límite, no renuncio porque me gusta mi trabajo, lo hago por vocación”. También se queja de que apenas han podido hablar con la gerente que está como encargada desde el primero de abril, Lucy Yasmin. Una enfermera auxiliar junto a ella dice que en un año de trabajo solo ha recibido 5 salarios. “Ya no tengo a quien pedirle prestado”, se lamenta al tiempo que explica que después de los atrasos, pagan sólo un mes, nunca pagan todo. Eso es justo lo que anunció el Gobernador que por ahora pagarían un mes de lo que se les adeuda.

Emilsen Quiñones es una paciente que lleva cinco días hospitalizada por una infección urinaria severa. Cree que el personal sanitario la ha atendido bien “pero están trabajando con las uñas”. Nos muestra la comida que le han llevado para la cena, un poco de arroz con pollo y un vaso de 7 onzas de agua de panela tibia. “Todos los días me han dado la misma merienda, ese arroz amarillo, al que no se le ve el pollo, y ese vasito de agua de panela, el almuerzo es un poco más variado”.

El drama es de los pacientes y también de los familiares que los acompañan, no sólo por el hecho de tener un familiar enfermo, sino también por las condiciones. Algunos llegan de lugares muy apartados, asumiendo altos costos de transporte y alimentación. Llegar desde el centro de Tumaco (perímetro urbano) hasta el hospital, ubicado en Imbilí del Carmen, a unos 20 minutos, cuesta 3.000 pesos, pero si son más de las 7:00 de la noche, debe fletar un taxi que le puede cobrar unos 30.000 pesos.

Cuando los pacientes vienen de otros municipios, los familiares acompañantes duermen en cartones que tienden en los pasillos, pues no hay un albergue

Cuando los pacientes vienen de otros municipios, los familiares acompañantes duermen en cartones que tienden en los pasillos, pues no hay un albergue, como sí lo hay en hospitales de Pasto y Cali. Afuera de la Unidad de Cuidados Intensivos, está Yadira Castro, de 16 años, en compañía de su mamá Olivia Salazar. Vienen del Municipio de Mosquera y cuentan que pagaron 200.000 mil pesos de transporte para llegar al hospital. Yadira tuvo un bebé por cesárea hace 6 días. Ella fue dada de alta pero su bebé permanece en la unidad debido a problemas respiratorios. Como ella ya no es paciente duerme en una colchoneta sobre el piso, junto a su mamá, en el pasillo. Yadira reconoce que el bebé ha sido bien atendido por las enfermeras, pero manifiesta sentirse muy incómoda durmiendo en esa colchoneta con una cirugía tan reciente. Ella aún recibe comida aunque su mamá no. En sala hay otras mujeres en la misma situación, con partos recientes, provenientes del Charco, Chagüi y Candelillas. Alejandra Chillambo acompaña a su hermana de 29 años, quien ingresó al hospital para que le practicaran un segundo legrado después de que, según ella, en la Clínica Miramar de Tumaco le practicaran un mal procedimiento. Alejandra dice que ha gastado casi 200 mil pesos en medicamentos porque en el hospital no hay y enseña la fórmula que ha comprado.

Harrison Cortes Preciado, de 19 años, murió el viernes 3 de junio en el hospital. La médico Maricela Carabalí explicó que el paciente ingresó vomitando sangre y había estado así 6 días en casa. Estuvo hospitalizado 24 horas mientras intentaban estabilizarlo, pues en la condiciones en las que estaba no podía ser remitido a Pasto porque no resistiría el viaje de 6 horas y la altura. Dentro de los procedimientos que se debieron hacer para la atención del paciente se requería una transfusión de sangre, pero en el hospital no había. Carabalí aclara que no se puede dictaminar que la muerte del joven haya sido por la falta de sangre, pero sí que era algo que se debía hacer y no se pudo cumplir con el procedimiento. También aclara que la sangre está pagada a hemocentros de Cali y Bogotá, pero que estos han manifestado que no tienen hemoderivados disponibles. Según su experiencia, esto es algo que siempre pasa cuando en las ciudades centrales se presentan problemas de orden público, como el reciente paro nacional. Entonces los hemocentros restringen el despacho a las ciudades periféricas y reservan la sangre para ellos.

LA SEGURIDAD DE LOS MÉDICOS La familia de este joven fallecido provocó disturbios y daños en el hospital, agredieron y amenazaron al personal médico que luego tuvo que salir del hospital escoltado por la Policía. Fue necesario cerrar la Unidad de Cuidados Intermedios, además de los servicios que ya estaban restringidos por la protesta de los trabajadores. Sobre este hecho la Secretaria de Salud Municipal, Franci Medina, lamentó que estos eventos empeoran la situación del hospital, pues muchos de los médicos que son jóvenes y que están realizando su año de medicina rural están atemorizados y solicitan el traslado alegando que el trabajo en el hospital no es seguro para ellos.

“Si a los médicos les pagaran cumplido, ellos trabajarían con gusto y amor”

Carolina Farinango, gerente encargada del hospital de primer nivel Divino Niño, también reconoce que es complicado encontrar personal médico dispuesto a trabajar en esta zona por motivos de seguridad y, cuando se consiguen, se debe incrementar la oferta salarial sobre todo en zonas rurales de acceso y seguridad complicada. Según sus datos, un médico en esas zonas puede ganar hasta un 30% más que un médico en casco urbano. La Secretaria de Salud invita a los profesionales a recordar el compromiso y el juramento que hacen como profesionales de la salud para salvar vidas e informa que desde la Mesa de la Misión Médica de Tumaco se está trabajando en soluciones para este problema y en acompañamiento a los médicos amenazados. Para un representante de los usuarios los médicos no solo se marchan por motivos de seguridad, sino por las constantes demoras en el pago. “Si a los médicos les pagaran cumplido, ellos trabajarían con gusto y amor”.

FALTA DE ESPECIALISTAS La falta de especialistas médicos es otro gran problema. Londrey Portocarrero, de 38 años, lleva 3 años solicitando una cirugía para extraer un clavo de platino que le fue instalado en el fémur de la pierna derecha, luego de sufrir un accidente de tránsito. Debió ser extraído hace más de 5 años. En 2015 Portocarrero viajó a Pasto remitido a una cita con un traumatólogo en el Hospital Departamental de Nariño, porque en el hospital de Tumaco no había traumatólogo. Pero el único traumatólogo disponible, el médico Baca, estaba en la Clínica Miramar y la EPS Coomeva a la que se encuentra afiliado había suspendido el convenio con la clínica. “Perdí la plata y el tiempo, porque ahí me dijeron que ya no contaban con los instrumentos quirúrgicos para extraer ese tipo de clavos, que ya no estaban en el mercado y que debía hacer una solicitud a la EPS y mi EPS tampoco supo dar respuesta. La pierna cada día me duele más y se me inflama. He estado averiguando para hacer la cirugía de forma particular, pero me dicen que vale como 8 millones de pesos. En caso de que me pueda hacer la cirugía como particular, no habrá quien me pague la incapacidad laboral, que serán mínimo 15 días en los que no tendré ingresos”.

El derecho a la salud comienza a ser vulnerado desde que un paciente entra por la puerta del Hospital San Andrés de Tumaco y la cadena de despropósitos involucra a las EPS, a los proveedores, a las autoridades e, incluso, a algunos profesionales. Las promesas de salud para esta zona del Pacífico nariñense ya ni animan y el temor de la mayoría es, como se queja un usuario, que se pierda lo poco y precario que hay: “Así como va el hospital, va a desaparecer del mapa”.